Doctorado Interinstitucional en Educación

Ante los graves hechos de corrupción dados a conocer a lo largo de las últimas semanas, el estado de incertidumbre de la Comunidad Universitaria como consecuencia de la crisis producida por esta situación, la estigmatización a la que hemos sido sometidos por cuenta del escándalo mediático y la agresión de la fuerza pública contra estudiantes de nuestra Universidad y otros centros universitarios de la ciudad, el Consejo Académico de Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas, CADE-UD, en su sesión del 3 de octubre de 2019, comunica:

1. Que nos sumamos al rechazo de la Comunidad Universitaria frente a los actos de corrupción denunciados. Entendemos que los recursos públicos son parte de los bienes comunes de la sociedad, los cuales deben ser respetados y cuidados. Los servidores públicos debemos garantizar el uso responsable de estos recursos en el marco de una ética pública que, en nuestro caso, está claramente orientada por la Constitución y la ley.
2. Que solicitamos celeridad en las investigaciones a las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación con el fin de dar con los responsables de estos hechos, superar la crisis de la Universidad y continuar desarrollando nuestros objetivos misionales. Esta solicitud la hacemos en el marco del respeto al debido proceso consagrado en la Constitución y la ley.
3. Que rechazamos los señalamientos y las estigmatizaciones de algunos medios de comunicación hacia la Comunidad Universitaria a partir de generalizaciones que afectan nuestra imagen y trayectoria. Es necesario reiterar ante la opinión pública nuestro compromiso con la formación y la producción de nuevo conocimiento para las transformaciones de fondo que requiere la sociedad colombiana.
4. Que se requiere retomar con urgencia el proceso de Reforma Universitaria. Justamente, en el marco de la Constituyente Universitaria desarrollada entre los años 2014 y 2017, se planteó un modelo de gestión financiera y de proyección social, orientado por una ética pública que asuma la captación de recursos no como negocio sino como posibilidad de democratizar el conocimiento, a partir del establecimiento de límites y controles para los ordenadores de gasto y veedurías, así como mejores condiciones para la docencia, la investigación y el trabajo con las comunidades de la ciudad afectadas por la violencia, la exclusión y el abandono estatal.
5. Que rechazamos de manera contundente la violencia estatal impartida por el Escuadrón Antidisturbios, ESMAD, en el marco de las protestas estudiantiles de la semana pasada. Según la ley, este cuerpo policial fue creado para proteger tanto a los que protestan como a terceras personas, y sus actuaciones deben estar estrictamente plegadas a acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, apoyamos las acciones legales que el movimiento estudiantil adelante para que nunca más vuelvan a producirse actos de violencia policial hacia quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta social.
6. Que hacemos un llamado fraterno a la Comunidad Universitaria para asumir con cautela las decisiones disciplinarias y penales a las que haya lugar, evitar los prejuzgamientos y emprender las medidas necesarias para que cesen los actos de violencia tanto dentro como fuera del alma máter.
7. Que el ejercicio ciudadano implica un derecho que exige por parte de cada miembro de nuestra Comunidad Universitaria, en este caso particular, la responsabilidad en la toma de decisiones informadas. En este sentido, hacemos un llamado a buscar en todas las fuentes de información disponibles argumentos para comprender lo sucedido, y no quedarse con las visiones e informaciones parciales.