La educación en el gobierno del cambio
Nos preguntamos si en el gobierno del cambio habrá transformaciones profundas en la educación. Sabemos que no es posible revertir en tan poco tiempo el modelo regulatorio que se impuso desde los años noventa, que alejó al Estado de su responsabilidad como garante del derecho a la educación, sin embargo, hay que crear las bases para darle la vuelta a ese modelo en el mediano plazo.
¿Qué pistas nos da el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se radicó en el Congreso el pasado 6 de febrero?
Sin duda, el enfoque del PND es distinto al que nos tenían acostumbrados los gobiernos anteriores. Si antes se hablaba de autoridad, orden, imperio de la ley, seguridad, prosperidad, productividad, competitividad, disminución de brechas, crecimiento, movilidad social (…), ahora los ejes son: ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática y convergencia regional; pero lo que más nos interesa resaltar es la idea de que el Estado asume su responsabilidad como garante de derechos. De manera explícita lo señala el PND:
“Esta visión de país pasa por superar el enfoque tradicional basado en la seguridad física y la defensa. Desde una perspectiva más amplia, se enfatiza el papel del Estado como garante de oportunidades de desarrollo al habilitar los pilares necesarios para la superación de privaciones y la expansión de capacidades.”
En el proyecto de PND la educación está incluida en el eje de seguridad humana y justicia social; esto es bueno, porque antes venía siendo entendida como un asunto ligado a la productividad económica. El nuevo Gobierno ha entendido que la educación es un derecho humano y hay que recalcarlo con toda contundencia. No nos educamos solamente para ser más productivos, también, y sobre todo, para ser más y mejores seres humanos. Parece obvio, pero se nos estaba olvidando.
El PND habla de aumentar la atención a niñas y niños, pasando de un millón novecientos mil a dos millones setecientos mil, en educación inicial; de crear un sistema de formación docente que articule los diferentes niveles, y de hacer énfasis en la formación situada mediante el Programa Todos a Aprender (PTA); de simplificar la arquitectura curricular actual y que las escuelas implementen currículos más pertinentes y contextualizados; de hacer una transformación curricular de la educación media para una formación integral, que tendrá en cuenta los intereses y necesidades de los jóvenes; de continuar con la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) y poner énfasis en el desarrollo de los compromisos educativos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); de fortalecer las Entidades Territoriales Certificadas para la ampliación de la atención educativa dirigida a la población joven, adulta y mayor a través de modelos educativos flexibles y pertinentes; dice que la educación superior será reconocida como un derecho fundamental progresivo para la realización humana, que avanzará de manera gradual en la política de gratuidad en la matrícula de las IES públicas, y se fomentará el acceso de 500 mil nuevos estudiantes; que se contará con una reforma al ICETEX que transforme su lógica bancaria actual y reoriente su labor misional al fomento social de la educación superior. (Parafraseados del PND)
Saludamos estas iniciativas, pero las hemos encontrado dispersas en el texto, como si se tratara de una sumatoria de acciones. Es necesario hacer explícita la voluntad de construir un nuevo proyecto educativo que aporte a la transformación social. La educación es la condición que hace posible cualquier cambio.
Nos quedan otras preocupaciones:
- Las relaciones con el magisterio: No es posible desconocer la legitimidad de sus reivindicaciones, el PND debía ser más explícito a la hora de reconocer que el cambio es con ellos, o no será posible. El magisterio es un actor fundamental que históricamente, salvo pocos períodos de su historia, ha sido desconocido. Es hora de devolverle su voz como actor imprescindible del cambio social.
- El ICETEX podría entrar en una reforma más contundente, para avanzar de manera definitiva hacia la gratuidad de la educación superior.
- La política de ciencia, tecnología e innovación (Ley 1286 de 2009) debe modificarse, por cuanto está pensada exclusivamente para fortalecer la lógica de la rentabilidad del aparato productivo; esto se traduce en una política regida por una visión reduccionista de la ciencia que afecta la indexación de revistas y la clasificación de los grupos de investigación; es una lógica perversa que fomenta la competencia por recursos, antes que el trabajo colaborativo para la producción de conocimiento.
- El ICFES tiene que ser de nuevo el instituto para el fomento de la educación superior; se deben acabar los rankings odiosos de las pruebas saber, para diseñar unas pruebas que midan el capital cultural con el que llegan los estudiantes y con el que salen, y así establecer el valor agregado de los colegios y universidades a la formación de las nuevas generaciones. La calidad, hace rato lo sabemos, no se mide por resultados de aprendizaje, esto es apenas un indicador.
Finalmente, extrañamos unos programas más contundentes que apuesten por la transformación pedagógica de la escuela y la construcción de un nuevo sistema de educación superior.
La Universidad Pedagógica Nacional está siendo escuchada, como hacía mucho tiempo no sucedía, por el Ministerio de Educación, ahora esperamos que el Congreso de la República logre dar un debate que termine por incorporar una perspectiva más clara del proyecto político pedagógico que la nación merece, un proyecto que deje ver, de manera más contundente las bases de las grandes transformaciones del sistema educativo colombiano que tanto hemos esperado.